Aprovechando estos obligados ratos de ocio debidos al mal tiempo que acompaña nuestros días y dado que no hay otros sitios donde obtener un esparcimiento creador y engrandecedor del espíritu, he estado reflexionando sobre un tema que supongo resultará poco atractivo para muchas personas, pero que, en algún caso, puede ser base para entablar un dialogo.
Nos hablan los periodistas y políticos, sobre el Estado de Derecho que no es otro que el conjunto de leyes, órdenes y disposiciones, de todo rango, que regulan la convivencia ciudadana, en todos sus aspectos.
Para garantizar todos nuestros derechos y cumplir nuestra obligaciones, está la Administración Pública, en sus diversos ámbitos de actuación, Estatal, Autonómica, Provincial y Local, pero para que estos, puedan llevar a cabo su función, necesitan que los ciudadanos colaboremos económicamente y es bonita ver la forma en que nuestro dinero contribuye a ello.
Tenemos lo que antes llamábamos contribución y que ahora nos dicen el IBI (Rústico y Urbano), el Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica, Plus Valía, Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, etc., Etc. Unos los gestiona el Estado y otros los Ayuntamiento, por el de Vehículos que en base a lo establecido por el Estado tiene un abanico que pueden utilizar los Ayuntamientos. Por su parte, los Ayuntamientos son los Organismos más cercanos al ciudadano y son prestadores de servicios a estos y una particularidad es que los servicios que presta deben financiarse.
Para el funcionamiento de todas las Administraciones Públicas, estas deben tener una infraestructura administrativa con escalas ya definidas, con una serie de funcionarios que son los obligados a encauzar la labor administrativa de la gestión política. En una palabra todo está bien regulado y escrito sólo queda su cumplimiento.
Y yo añadiría una cosa estos funcionarios, deben estar al servicio de los ciudadanos que son los receptores de los servicios y como dice la Constitución: Con independencia de quién gobierne. ¿Crees que esto es así?.
Si los ciudadanos tenemos bien definidos nuestros derechos y también nuestras obligaciones, y si igualmente están definidas las obligaciones y las formas en que han de actuar los políticos ¿porqué las normas son de obligado cumplimiento para los ciudadano y no para los políticos? O, ¿es que no se está viendo que la clase política infringe continuamente la Ley en su funcionamiento?
No será tiempo ya, de que en algunos casos la vida política se penalice y se establezca la responsabilidad personal y no como hasta ahora, con cargo al erario público.
Les prometo que otro día procuraré informarme sobre un tema poco conocido: La responsabilidad patrimonial de la Administración y dárselo a conocer.
Un afectuoso saludo.
Demetrio Saboya Gascuñana.
